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CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Como seguro habrán escuchado últimamente en más de una ocasión, el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, ha establecido, desde el pasado día 1 de junio de 2013, la obligación para el promotor o propietario de un edificio, o parte del mismo (viviendas, locales comerciales, etc.), de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del inmueble, en los casos que así lo contemple el mencionado Real Decreto. Igualmente será responsable de su conservación.

Más concretamente, el ámbito de aplicación de la mencionada obligación se extiende a:

1.- Edificios de nueva construcción.

2.- Edificios o partes de los mismos ya existentes, y que se vendan a partir del día 1 de junio de 2013 o se alquilen a un nuevo inquilino, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

3.- Edificios o partes de los mismos en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados, y que sean frecuentados habitualmente por el público.

Sin embargo, están excluidos de la obligación de obtener el certificado, entre otros:

1.- Los edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados.

2.- Los edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

3.- Los edificios o partes de edificios existentes, destinados a viviendas, cuyo uso sea inferior a 4 meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año, y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.

La certificación energética del edificio o parte del mismo tiene una validez de 10 años, y proporcionará información al usuario sobre la eficiencia energética del inmueble que se compra o alquila, recogiendo igualmente recomendaciones para mejorar la misma. En ningún caso supone la obligación de realización de obra alguna.

El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial.

Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible.

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Tras subir un 63,5% la factura de la Luz, no mejorar los servicios, ni incrementarse las inversiones el déficit de tarifa que se reconoce a la patronal eléctrica que se sitúa al día de hoy en 29.000 millones sigue creciendo.

 Hasta ahora, la reforma energética aprobada por el Gobierno sólo nos había aportado un incremento del precio de la luz en un 3,1% y el aumento del déficit –la deuda contraída con las eléctricas a través de un sistema tramposo- en 3.000 millones de euros. Esto, y además la certeza de que se pretende dar un hachazo mortal a las renovables para impedir la democratización energética y la desaparición del oligopolio que controla, desde UNESA, la energía del país.

Pero la cosa no se queda aquí. En la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, presentada el lunes 30 de Septiembre en el Parlamento, se prevé un incremento de recaudación de un 7% a través de la electricidad, frente a un 3,6% reseñado en 2013. Se trata a todas luces de un reconocimiento explícito de que el recibo de la luz volverá a subir en los próximos meses y de que lo hará en unos porcentajes mayores a los sufridos en este ejercicio, a pesar de que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural…) han ganado en el primer semestre de este año casi 4.000 millones de euros (3.621,5 millones) y de que han subido el sueldo a sus consejeros y vocales (efectivamente, muchos son expresidentes y exministros) en una media de un 3%, el equivalente a más de 19 millones de euros.

Increíblemente, la factura de la luz en España ha aumentado, desde el inicio de la crisis, en  un 63,5%. No ha habido incremento de las inversiones ni mejora de los servicios, pero la factura ha crecido en ese porcentaje sin que haya dejado de engordar el déficit que se reconoce a la patronal eléctrica que se sitúa al día de hoy en 29.000 millones. La luz en España es la más cara de la Europa continental y probablemente una de las más caras del mundo. Solo Malta y Chipre –sistemas insulares más costosos-  tienen tarifas más elevadas que las aprobadas por el Gobierno español y el precio de un KW/h en España es un 40% más alto que en la media de los países industrializados. Los números son así de duros y de escalofriantes, pero el trust no ceja y sigue presionando y ejerciendo su poder sobre los gobiernos de turno, presos de una codicia insaciable.

Están perdiendo la batalla ante la opinión pública y las instituciones no mediatizadas, a pesar de las costosas campañas publicitarias con las que se empeñan en atacar a las renovables culpabilizándolas de la carestía de la luz. Su único objetivo es incrementar la cuenta de resultados a costa de la ciudadanía y de eliminar las energías limpias y plurales que ponen en riesgo su monopolio. Pero lo cierto es que cada vez tienen menos credibilidad. El rechazo unánime a la reforma de la Ley del Sector Eléctrico nos da buena fe de ello.

Bruselas ha puesto desde el principio el grito en el cielo. No le gusta las medidas adoptadas por el ministerio de Industria y piensa incluso acudir al Tribunal de Justicia Europeo para combatirlas. Es consciente de que se trata de propinar un revés brutal a las renovables y de atacar directamente al autoconsumo -una de las políticas más nítidas de la UE en los últimos años- y sabe además que con estas prácticas España se aleja del cumplimiento del mandato según el cual, para el 2020, el 20% de las energías de los países miembros deben ser limpias; tampoco parecen muy contentos los industriales que afirman una y otra vez que el alto coste de la electricidad española ha mermado considerablemente la competitividad de las empresas al gravar el precio de esta materia prima fundamental entre un 10% y un 45% y  ha contribuido a que la industria española haya pasado en menos de 20 años de un 20% a un 13%. Denuncian que de mantenerse la situación “no habrá inversor industrial que apueste por el país, el déficit tarifario permanecerá porque “no habrá industria que pueda financiarlo”, la recuperación de la economía será inviable y se institucionalizará la crisis”; no lo han visto con buenos ojos los organismos reguladores: la Comisión Nacional de Competencia (CNC) afirma que la reforma energética no repara “la competencia claramente insuficiente en el sector energético”, lo que “ha contribuido a la constitución del déficit de tarifa puesto que compensa de forma excesiva a algunas infraestructuras de producción tales como centrales nucleares e hidroeléctricas ya amortizadas”, hace dejación sobre el control del precio de la energía y resulta arbitraria y desproporcionalmente restrictiva para el autoconsumo, “una fuente importante de presión competitiva en el sistema y para el resto de suministros convencionales” y la Comisión Nacional de Energía (CNE) opina otro tanto de lo mismo: critica la urgencia del procedimiento para aprobar la reforma, “lo que no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados”, se muestra especialmente dura con el ataque a las renovables y a los autoconsumos y afirma  que se improvisa un modelo retributivo que no existe “en ninguna jurisdicción de la UE, así como tampoco en otros países de cuyos sistemas se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores”; por supuesto que no lo entienden las asociaciones eólicas y fotovoltaicas, que amenazan con acudir a los tribunales, ni la mayoría de las comunidades autónomas que denuncian vulneraciones de principios de seguridad jurídica y que ven como, según nos cuenta Bloomberg, una empresa como IKEA está comercializando en todos sus centros de Inglaterra un kit solar para generar energía de autoconsumo en las viviendas; no lo ve la responsable de la Secretaría ejecutiva sobre Cambio Climático de la ONU que advierte que la “Agencia Internacional de la Energía dice que el 75% de la generación solar del mundo ya no va a necesitar incentivos”. Y que  “no se puede pasar de la ayuda al castigo”, como ha sucedido en España…

Y no lo entienden los ciudadanos que se están rearmando y poniendo en marcha distintas acciones de reivindicación y denuncias valientes e imprescindibles: así ha nacido un movimiento ciudadano en torno a una Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (en la que participan organizaciones sociales, políticas, sindicales, etc, que ya tiene presencia en Tenerife y se está constituyendo en Gran Canaria) que ha presentado una demanda en la Fiscalía Anticorrupción mostrando la connivencia de determinadas organizaciones políticas con el lobbie energético y que la ha ampliado estos días para demostrar que se está dejando prescribir un “cobro indebido”, por parte de las eléctricas, como señala la Abogacía del Estado, de 3.400 millones de euros y que deben al Estado de un  total de casi 9.000 millones de euros que les “regaló” para ayudarles a hacer frente a los Costes de Transición a la Competencia y facilitarles el acceso al mercado competitivo; y también ha salido a la palestra la OCU que ha puesto en marcha una acción ciudadana -que ha denominado “Quiero pagar menos luz” y que está abierta hasta el 14 de octubre- que hasta la fecha en que escribo ha conseguido sumar a más de trescientas mil personas con el objetivo de fomentar la transparencia, la participación activa de los consumidores y la libre competencia. Se trata de una idea similar a la que están trabajando en estos momentos la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética. Según una encuesta de Gaylin, el 97,5% de la población española apuesta por las renovables y el 54% estaría dispuesta a pagar más por ello. El 95% considera que el Gobierno es mucho o bastante culpable del alto precio de la electricidad.

El único camino que va quedando para hacer frente a esta situación es el de una ciudadanía organizada que obligue al Estado a recuperar la soberanía sobre un servicio esencial para la independencia y  el desarrollo económico del país. La solución no pasa por el Parlamento ni los partidos mayoritarios a tenor de lo que está sucediendo. A finales de agosto de este año Izquierda Plural presentó en las Cortes españolas una iniciativa –pasó casi desapercibida- para demandar la realización de una auditoría energética a las eléctricas que han ejercido un secuestro sobre los gobiernos y que hoy remunera generosamente a casi todos los expresidentes y exministros que han tomado decisiones sobre energía: pedían analizar las decisiones tomadas, qué costes supusieron y a quién han beneficiado… Pues bien, solo votaron a favor 23 congresistas. De los 323 diputados presentes votaron en contra 195 y 105 se abstuvieron. Exactamente 300 votaron en contra o se abstuvieron sin mostrar oposición. No queda otra. Solo la ciudadanía organizada puede romper este oligopolio incrustado en un sistema servil.

Antonio Morales Méndez
Alcalde de Agüimes

 

 

 

 

 

 

 

 luz 06c8dd181El 55% de la factura eléctrica corresponde a pagos directos a las grandes eléctricas, porcentaje del cual sólo el 60% proviene del coste de producción de la energía eléctrica. Sólo el 9% de la factura corresponde a las primas a las renovables.

La campaña de comunicación emprendida por algunas grandes eléctricas en la que asumen como propios sólo una pequeña parte de los costes de la factura eléctrica, no se corresponde con la realidad.

Estas grandes compañías eléctricas han asumido en sus campañas como propios solo los costes relativos al transporte y la distribución, considerando el resto de componentes como ajenos. Esto no es cierto. La partida correspondiente al "régimen especial" incluye varios conceptos que tienen directamente que ver con la generación de electricidad de estas grandes compañías. En dicha partida, se incluyen tanto las primas a las energías renovables, como a la cogeneración y al tratamiento de residuos, primas que también reciben directamente las grandes eléctricas, tanto por sus inversiones en energías renovables, como en cogeneración o tratamiento de residuos.

Así, el 55% de la factura iría directamente a la caja de las grandes eléctricas, sin contar como propios los impuestos, como el IVA, que sumarían un 22,67% del total. Otros costes, como la financiación a la subasta CESUR o la subvención a la industria, sumarían un 9% más, el mismo porcentaje que correspondería al total de las primas para el desarrollo de todas las energías renovables independientes.

Carlos Mateu de Suelo Solar

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Sorprendente pero cierto...el Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunica la devolución de 310 millones de euros en la factura de la luz.

 

Nos tememos que esta devolución la volverán a cobrar con creces, tendremos que estar preparados.

 

 

 

- Las compañías eléctricas deberán devolver a los consumidores que estuvieran acogidos al PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Anteriormente TUR) en el primer trimestre del año 310 millones de euros, incluyendo impuestos, como consecuencia de que el precio del mercado de electricidad en ese periodo ha sido inferior al previsto.

- La cantidad a devolver a cada consumidor dependerá de su consumo. Estimándose que para un consumidor doméstico tipo se le devolverán unos 25,5 euros. El usuario medio recibirá una devolución de 33,16 euros (impuestos incluidos) en el próximo recibo de la luz. El importe se obtiene multiplicando el número de kilovatios-hora (kWh) consumidos entre enero y marzo por 3,02 céntimos. Se trata de un reembolso que harán las eléctricas como consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que publicó el BOE este jueves 15 de Mayo. En ella se fija la diferencia entre las tarifas que el Gobierno estableció de forma provisional para el primer trimestre del año y las que realmente deben aplicarse a los consumidores dada la evolución de los precios en el mercado mayorista (pool) de la electricidad. Esta devolución no será aplicable a los clientes con discriminación horaria.

- La devolución se producirá como máximo antes del 31 de agosto y vendrá claramente diferenciada en un concepto separado de la factura que reciba cada consumidor.

- El Gobierno estableció este mecanismo de compensación para los pequeños consumidores en el Real Decreto Ley que fijó el precio de la luz para los tres primeros meses del año.


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado el 15/05/2014 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la cantidad final que las compañías eléctricas deben devolver a los consumidores acogidos a la tarifa regulada en el primer trimestre de 2014, que asciende a un total de 310 millones de euros.

Según el Gobierno, este mecanismo de compensación lo estableció para los pequeños consumidores en el Real Decreto ley que fijó el precio de la luz para los tres primeros meses del año en 48,48 euros por megavatio hora. Según este RDL, las compañías eléctricas devolverían el dinero facturado de más a los pequeños consumidores eléctricos en caso de que el precio en el mercado resultara inferior al previsto.

El Ministerio de Industria señala que como el precio del mercado de la electricidad en el primer trimestre del año ha sido de 26,27 euros por megavatio hora, las compañías eléctricas deberán proceder a devolver a los pequeños consumidores las cantidades cobradas en exceso, que ascienden a un total de 310 millones de euros, incluyendo impuestos.

La cantidad a devolver a cada pequeño consumidor que estuviera acogido al PVPC en el primer trimestre del año, dependerá de su consumo en ese periodo. Para un consumidor doméstico tipo de 3,3 kW de potencia contratada y 3.000 kWh de consumo anual se le devolverán 25,5 euros.

Para una familia media con 2 hijos de 4,4 kW de potencia contratada y 3.900 kWh de consumo anual se le devolverán 33,2 euros.

La devolución se producirá en la primera factura que el consumidor reciba con el nuevo sistema de facturación del PVPC, con un máximo del 31 de agosto, y vendrá claramente diferenciada en un concepto separado de la factura. En el caso de que el consumidor ya esté en el nuevo sistema, recibirá la devolución en su siguiente factura.

 

 

informacion-sobre-el-dividendo-digital¿Qué es el dividendo digital?Desde el comienzo de las emisiones de televisión a principios del segundo cuarto del pasado siglo XX, la televisión analógica ha utilizado parte de la banda de frecuencias de VHF (47 a 230 MHz) y parte de la banda de UHF (470 a 862 MHz) para su emisión. Con la llegada de las tecnologías digitales , así como de nuevos sistemas de compresión de información, el espectro radioeléctrico utilizado para la difusión de un canal de televisión con tecnología analógica permite, con estas nuevas tecnologías, la transmisión de hasta 6 programas. En la práctica, esto significa que lo que antes se transmitía en seis canales radioeléctricos, mediante la utilización de la tecnología digital puede ser emitido ahora en un único canal...
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carlos-mateu        Sorprendente pero cierto...el Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunica la devolución de 310 millones de euros en la factura de la luz.   Nos tememos que esta devolución la volverán a cobrar con creces, tendremos que estar preparados.       - Las compañías eléctricas deberán devolver a los consumidores que estuvieran acogidos al PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Anteriormente TUR) en el primer trimestre del año 310 millones de euros, incluyendo impuestos, como consecuencia de que el precio del mercado de electricidad en ese periodo ha sido inferior al previsto.- La cantidad a devolver a cada consumidor dependerá de su consumo. Estimándose que para un...
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